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El régimen de Irán admitió más de 300 muertes en la represión de las protestas por Mahsa Amini

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado que más de 300 personas han muerto en las protestas que sacuden el país desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini, en una de las primeras admisiones oficiales del régimen del gran número de víctimas mortales de las movilizaciones.

 

De acuerdo con un reporte de un sitio web cercano a la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh, comandante de la división aeroespacial de dicha fuerza paramilitar, dijo que más de 300 personas han muerto, incluyendo “mártires”, una aparente referencia a las fuerzas de seguridad. También indicó que muchos de los muertos eran iraníes normales y corrientes que no participaban en las protestas.

 

Hajizadeh no proporcionó una cifra exacta ni dijo de dónde procedía su estimación.

 

La estimación es considerablemente inferior al número de víctimas que ha comunicado Human Rights Activists in Iran, un grupo con sede en Estados Unidos que ha seguido de cerca las protestas desde que estallaron tras la muerte de la joven kurda tras detenida por la policía de la moralidad del país.

 

El grupo activista afirma que 451 manifestantes y 60 elementos de las fuerzas de seguridad han muerto desde el inicio de los disturbios, y que más de 18.000 personas han sido detenidas.

 

Además, al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las mismas, de las que seis han sido condenadas a muerte hasta ahora.

 

Las autoridades iraníes no han ofrecido datos totales del número de muertos en las movilizaciones. El viceministro de Exteriores, Ali Bagheri Kani, afirmó la semana pasada que “unos 50 policías” habían muerto durante las protestas y que cientos de ellos han resultado heridos, pero no dio datos acerca de los manifestantes.

 

Las protestas se desencadenaron por la muerte de Amini, de 22 años, el 16 de septiembre. La joven fue detenida por violar supuestamente el estricto código de vestimenta de la república islámica. Las protestas rápidamente se convirtieron en llamamientos para derrocar la teocracia iraní y suponen uno de los desafíos más serios para los clérigos gobernantes desde la revolución del el ayatolá Ruhollah Khomeini que los llevó al poder en 1979.

 

Las autoridades han restringido fuertemente la cobertura mediática de las protestas. Los medios de comunicación vinculados al Estado no han informado sobre el número total de víctimas y se han centrado principalmente en los ataques a las fuerzas de seguridad, que las autoridades atribuyen a grupos separatistas y combatientes.

 

La dureza de la represión policial y judicial ha provocado severas críticas internacionales, lo que ha llevado a la ONU a establecer una misión independiente que investigará las presuntas violaciones de las libertades fundamentales en las protestas.

 

Irán no cooperará con esa misión, aseguró ayer el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, quien afirmó que Teherán tiene pruebas de la “participación de Estados Unidos y otros países occidentales” en las protestas.

 

Hayizadeh reiteró hoy una vez más la línea oficial del Gobierno iraní y acusó de las protestas a “los enemigos”, término usado para hacer referencia a Estados Unidos e Israel, a los que sumó a Arabia Saudita.

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