En Colombia, el pasado 7 de agosto, durante la posesión presidencial, hubo un espacio de oración interreligioso. Menos de tres semanas después, un juzgado de Bogotá le ordenó al nuevo presidente pedirle disculpas al país por haberlo permitido.

La orden fue concreta: una alocución en radio y televisión nacional, con fecha límite, más una directiva que restringiera ese tipo de expresiones en actos oficiales. Abelardo De La Espriella cumplió el 30 de agosto. Su gobierno ya impugnó el fallo y argumenta que el juez desbordó sus competencias y leyó el discurso fuera de contexto. El caso sigue abierto, y por eso vale la pena hablar de él ahora y no cuando ya esté todo dicho.

Soy una mujer que cree en Dios y que respeta profundamente a quien no tiene una fe definida. Desde ahí escribo, y desde ahí me inquieta lo que pasó.

Empecemos por lo que el juez sí tiene razón en decir, y no se debe pasar por alto: un funcionario público no puede usar el aparato del Estado para privilegiar un credo por encima de los demás. Eso no lo discute nadie sensato. El Estado no es un púlpito.

Y si en una misma tarima tienes a representantes de varias religiones juntas, ¿de verdad estás dándole ventaja a una sola creencia o estás haciendo exactamente lo opuesto?

Yo no vi ahí una imposición. Vi a un hombre acompañando el momento más importante de su vida pública con lo que cree, y haciéndolo con la puerta abierta a otros credos. Nadie salió de esa ceremonia obligado a rezar. Nadie firmó nada. No hubo una ley, ni un privilegio institucional para una iglesia.

Y no es la primera vez que lo espiritual entra a un acto de gobierno. En agosto de 2022, en plena Casa de Nariño, la posesión de la directora de la Unidad de Víctimas incluyó una ceremonia ancestral indígena, con limpieza embera y un taita danzando alrededor de la funcionaria. Aquello también generó rechazo: hubo sectores religiosos que lo llamaron brujería. Pero la diferencia está en dónde terminó cada discusión. Esa se peleó donde se pelean estas cosas, en el debate público. Y la otra terminó en un juzgado, con una orden de disculpas en cadena nacional.

Iván Duque también tuvo su historia con la Virgen de Chiquinquirá. El problema es que el trato que se le dio a cada caso fue distinto, y esa falta de coherencia es la que deja un sinsabor.

Aquí está el punto que de verdad me preocupa, que no es el presidente ni su religión.

Ser un país laico no significa esconder la espiritualidad. Significa exactamente lo contrario: que nadie te impone un credo y que nadie te castiga por el tuyo. Es la libertad de creer, de no creer, y de cambiar de opinión mañana si así lo decides. Laico no es sinónimo de mudo.

Cuando obligar a alguien a disculparse por expresar su fe se celebra como una victoria de los derechos, algo se corrió de lugar. Lo que empieza como neutralidad puede terminar como intolerancia con papeles en regla. Y la intolerancia con sentencia judicial encima es mucho más difícil de discutir que la de siempre.

El respeto, si va en una sola dirección, no es respeto: es permiso. Quienes no profesan ninguna religión merecen que su posición sea respetada sin discusión. Exactamente lo mismo merecen quienes creen en Dios, en Alá, Buda o en lo que hayan decidido creer.

Esto no se trata de defender al presidente de turno ni de poner una religión por encima de otra. Se trata de qué tan cómodo se va a sentir, dentro de unos años, un ciudadano cualquiera diciendo en voz alta en qué cree.

Un país laico no es un país sin fe. Es un país donde nadie tiene que pedir permiso para tenerla.